Una tasa de movilidad para Madrid

Siguiendo con la idea de colaborar y abrir debate en torno a propuestas para el programa de GanemosMadrid en temas de movilidad aquí lanzamos la implantación de una tasa de movilidad regulada por una ordenanza específica.

¿Por qué una tasa de movilidad?

Una forma fácil de actuar sobre las necesidades de movilidad es actuar sobre los focos que atraen viajes, principalmente grandes centros de trabajo, ocio y servicios. El emplazamiento de estos lugares se rige básicamente por la planificación urbanística (el tipo de suelo según el PGOU) y el precio del suelo. De forma que en la decisión de los agentes privados sobre el lugar donde localizarse no hay una vinculación a las necesidades de viajes que generan pese a ser una pieza importante para explicar la demanda de transporte.

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En los últimos años hemos visto como muchas grandes empresas o superficies comerciales se han deslocalizado (han cambiado su ubicación céntrica por ir a la perfiferia o área metropolitana) o han decidido localizarse en lugares donde la oferta de transporte era muy escasa. Las consecuencias han sido que se ha generado un puntos de congestión que han terminado en la mayoría de los casos con un aumento de la capacidad de las vías que llevan a esa zona o bien con mejoras de su accesibilidad mediante nuevas infraestructuras de transporte público que pagamos todos. Pensemos en el Edificio C de telefónica, la ciudad del Santander, Xanadú, Parque Warner, etc, etc.

Seguramente la mayor motivación de estas empresas en su decisión de deslocalizarse fue conseguir un beneficio económico mediante la operación especulativa de cambiar un suelo muy valorizado por un suelo más barato. Sin embargo, este beneficio supone unos sobrecostes de transporte: para sus propios trabajadores, para los clientes o usuarios y para el conjunto de la sociedad que pagamos las infraestructuras de transporte, obtengamos o no un beneficio por su decisión.

¿Qué es una tasa de movilidad?

Una tasa de movilidad se aplica a empresas con un número de trabajadores superiores a 50 empleados o a centros de servicio y ocio que atraigan un determinado número de viajes diarios. Estos centros deben elaborar un plan de transporte donde se cuantifiquen las necesidades de movilidad que generan. Deben responsabilizarse en parte de esas necesidades de movilidad, bien directamente con servicios propios o bien pagar una tasa anual en función del número de viajes que atraen, que se destina a mejorar el sistema de transporte municipal.

Esta idea se lleva implementando en países como Francia donde hay una Ley de Movilidad que la regula desde 1985 o con los planes ABC en Holanda desde los años 80. En Cataluña se implantó la Ley de Movilidad en el 2003 y en Madrid tenemos una caricatura de Ley de Movilidad.

¿Cómo funcionaría?

El primer paso es catalogar los emplazamientos en función de su accesibilidad al transporte público, de forma que la tasa a pagar sea proporcional a los costes de transporte y necesidades de cada emplazamiento. De forma que no pague lo mismo una empresa en la puerta de una estación de metro que otra en mitad de la nada o una oficina que una nave industrial.

Seguidamente debe calcularse con planes de transporte de empresa las necesidades y soluciones de movilidad de cada una. La tasa es proporcional al número de viajes que genera la actividad empresarial y en función del tipo de empresa y de su localización. Finalmente, al ser aplicada a empresas, hace que su gestión sea más localizada y sencilla.

¿Qué ventajas tendría?

La tasa de movilidad responsabiliza del coste del transporte a quien lo genera y se beneficia en lugar de socializar los costes entre toda la ciudadanía mientras los beneficios son privatizados. Es un mecanismo ideal para que los costes y las necesidades de transporte sean tenidos en cuenta en las decisiones de localización de los grandes centros atractores de viajes mejorando la coordinación entre urbanismo y sistema de transporte.

También es una herramienta para animar a las empresas a implementar buenas prácticas de transporte al trabajo como el coche compartido, el fomento de la movilidad ciclista o las rutas de trabajo al poder traducirse en exenciones en la tasa.

También supone una fuente de ingresos para el sistema de transporte que permita una transferencia de costes de los modos menos sostenibles a los más sostenibles.

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